Mikel Legarda, autor de la reforma jeltzale, ha denunciado que la Ley vigente, aprobada por la mayoría absoluta del PP y conocida como ‘Ley Mordaza’, “convierte la seguridad en una categoría prioritaria de la política criminal, como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance, intensificando la acción preventiva e incrementando notablemente las infracciones”. En definitiva, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha convertido, a juicio de Legarda, en el “Derecho penal de la peligrosidad o la desconfianza”.

Por ello, puesto que “la seguridad ciudadana debe ser una condición y no un condicionante para el ejercicio de los derechos y libertades”, el Grupo Vasco ha propuesto modificar hasta 44 preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular.

En este sentido, el diputado jeltzale ha señalado que “el principio de proporcionalidad y el de legalidad deben ser las dos guías para enjuiciar la bondad de cualquier incidencia o limitación del ejercicio de las libertades ciudadanas, por razones de seguridad”, y ha añadido que “el principio de proporcionalidad es la manifestación jurídica más relevante de la idea de equilibrio justo entre seguridad y libertad”. Y ahí precisamente radican muchas de las modificaciones que propone el texto de EAJ-PNV en defensa de los derechos y libertades, como las referidas a las manifestaciones espontáneas, que con la ley vigente eran sancionables, o la supresión de la tipificación como infracción grave de las reuniones o manifestaciones frente al Congreso y Senado.

En lo referente a la libertad de expresión e información, se propone la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que “supone una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo TC”.

Por último, el diputado jeltzale ha explicado que el Grupo Vasco realiza una propuesta en la que establece un “procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, dando así cumplimiento a demandas continuadas de organizaciones protectoras de derechos humanos.