El Parlamento Vasco ha celebrado este jueves el último pleno ordinario del actual curso político con la aprobación de cuatro leyes, –la Ley de Policía vasca, la modificación de la Ley 14/2012 de los derechos de las personas transexuales, la Ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales, la ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021-, y la toma en consideración de la reforma de la Ley para la  Garantía de Ingresos y  la Inclusión Social (impulsada por EAJ-PNV y PSE-EE) que se debatirá a partir de septiembre con el inicio del nuevo curso político.

Leyes que para EAJ-PNV son capitales y determinantes para responder “con éxito y garantías” a los nuevos retos sociales y a las demandas de la ciudadanía.

Ley de Policía vasca

La aprobación de la quinta modificación de la Ley de Policía vasca permitirá apuntalar el servicio de la seguridad pública vasca y mejorar la organización interna de la Ertzaintza y las policías locales. El parlamentario jeltzale Joseba Zorrilla ha considerado que este cambio legal es “importante y también inaplazable” ya que han sido dos los intentos fallidos en las pasadas legislaturas y los debates se vienen reproduciendo durante los últimos 10 años. “Estamos ante una ley necesaria para sentar las bases legales de la futura policía vasca. Son tres sus ejes fundamentales: transparencia de la actuación policial, regulación del personal de la policía y dotación a los municipios de herramientas para mejorar la gestión de los servicios policiales municipales”.

Dentro de las novedades que incorpora este texto articulado, el parlamentario jeltzale ha subrayado las medidas de discriminación positiva para promover la presencia de mujeres en la Ertzaintza y policías locales, con el objetico de pasar del 12% actual de representación al 33% como mínimo. “Evidentemente las cuotas por sí solas no son suficientes, pero nada es menos que esto, y esta medida contribuye al fin de la igualdad”, ha dicho.

Además, se incorpora de manera progresiva la carrera profesional horizontal para los miembros de la Ertzaintza y también la vertical, facilitando la participación en la promoción interna para ascensos. “Los y las agentes de la Ertzaintza son trabajadores y trabajadoras como cualquier otro y tienen sus derechos a mejorar sus condiciones laborales como los de Osakidetza o Educación”. Se aumenta la edad para poder acceder a la Ertzaintza, -que pasa de 35 a 38 años-, y se crea una comisión externa de control y transparencia para analizar cualquier práctica de los cuerpos policiales vascos sobre la que existan quejas o dudas por parte de la ciudadanía.

“Un conjunto de modificaciones que en la práctica permitirán reforzar el modelo policial, como garante de nuestra seguridad, y mejorar las condiciones laborales de los agentes”, ha concluido.

Ley de reconocimiento de personas transexuales

La Ley en vigor hasta ahora -14/2012 de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales- fue en su momento pionera, pero hoy su cambio se hace “urgente”, en especial por su carácter patologizante; esta ley exigía un informe médico o psicológico para acreditar la identidad sexual de estas personas. Con la modificación de esta esta norma, Euskadi da un paso más para garantizar los derechos que asisten a las personas transexuales y transgénero, y  suprimir de su legislación el requisito que les obliga a presentar dicho informe psiquiátrico.

La parlamentaria Leixuri Arrizabalaga ha manifestado que “la nueva ley hará que estas personas no sean tratadas como enfermas, siendo ellas mismas y no otras las que acrediten su condición. Damos un paso más, no el definitivo, para despatologizar la transexualidad y facilitar los procesos de cambio de sexo. Son personas que sufren diariamente situaciones de discriminación y marginación, y nuestra obligación es la de remover todos esos obstáculos que les dificultan su día a día”. No puede ser, ha añadido, que “sea una tercera persona la que cuestione nuestra propia identidad y niegue el derecho a la libre determinación”. La ley recoge que la transexualidad sólo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. “No es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana”.

Arrizabalaga ha recordado que esta modificación legal era una reivindicación  de los colectivos y asociaciones en pro de los derechos de las personas transexuales. “Nos estaban reclamando que sus situaciones fueran atendidas sin ningún prejuicio y sin la consideración de personas enfermas. La nueva ley  es fruto de la colaboración con estas asociaciones. Hemos ido de la mano y en el futuro seguiremos trabajando juntos porque esta batalla aún no está ganada. Tenemos que seguir construyendo una Euskadi más respetuosa con la diversidad y en la que se reconozcan todos los derechos para todas las personas. Es una necesidad y también una obligación de todos los poderes públicos”.

RGI

El Pleno de hoy ha tomado en consideración la proposición de Ley para la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, cuyo debate y negociación quedará ya para septiembre, con el inicio del nuevo curso político. El objetivo fundamental de esta ley, impulsada por jeltzales y socialistas,  es mejorar y actualizar el sistema de RGI, corrigiendo algunas de las disfunciones observadas en la Ley 18/2008 y adaptando el diseño al actual contexto socioeconómico.

En palabras de la parlamentaria Amaia Arregi, “lo que se busca es preservar, mejorar y hacer sostenible un modelo de prestaciones que nos ha colocado en la vanguardia de las políticas sociales. Disponemos de un instrumento que ha evitado que más de 132.000 personas sufran cada año situaciones de pobreza, y ha facilitado además, que accedan convenientemente formadas a un puesto de trabajo. Creemos en su valía y en los principios de solidaridad, justicia y cohesión social que la inspiraron. Ahora, transcurridos 11 años desde su aprobación, nos toca reforzarla y perfeccionarla”.

Amaia Arregi ha destacado que el actual modelo de garantía de ingresos e inclusión social “reconoce tanto el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida como el derecho a recibir apoyos personalizados para la activación laboral y social”. En este sentido, la reforma propuesta tiene en cuenta la Recomendación de la Unión Europea de abril de 2017, sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece que “toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínimas adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que puedan trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la re-integración en el mercado laboral”.

La parlamentaria jeltzale ha mostrado la disposición de su grupo al diálogo y al acuerdo “para entre todos hacer la mejor ley posible, aquella que apuntale el sistema vasco de protección social. Tenemos la oportunidad de fortalecer el modelo y acceder a realidades a las que ahora no se llega; con más recursos, con mayor protección a menores y pensionistas, con mayor eficacia en la gestión y con una mejora en los mecanismos de inclusión.