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18/02/2020

El Grupo Vasco rechaza la propuesta del PP para limitar las fórmulas de acatamiento de la Constitución

Mikel Legarda expone que “no compartimos la percepción ni las medidas” planteadas, y defiende la supresión del requisito “como forma más rápida de acabar con la polémica”

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El Grupo Vasco rechaza la propuesta del PP para limitar las fórmulas de acatamiento de la Constitución

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El Grupo Vasco EAJ-PNV se ha mostrado hoy contrario a reformar el Reglamento para limitar las fórmulas de acatamiento de la Constitución propuesta por el Partido Popular.

Durante su intervención, Mikel Legarda ha recordado que son la LOREG y los Reglamentos del Congreso y Senado los que establecen la obligación de acatamiento como requisito formal pero ha añadido que “su eventual incumplimiento no le priva de su condición”. Así, el Diputado jeltzale ha asegurado que “tan legítimo es, desde el punto de vista constitucional, propugnarla como estimarla anacrónica o inadecuada o una concha vacía, que es como también la considera el Grupo Vasco”.
Por ello, y tras señalar que “no compartimos la percepción del PP ni las medidas”, Legarda ha defendido, como “forma más rápida para acabar con la polémica”, la supresión del requisito de acatamiento ya que, “si bien no es contrario a la Constitución, esta tampoco lo impone”.

Por último, el diputado jeltzale ha asegurado que la propuesta del Grupo Popular tiene como “propósito último hacer un estricto marcaje a la presidencia de la Cámara”, extremo que tampoco comparte el Grupo Vasco.

REFORMA art.324 LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Por otro lado, y con respecto a la propuesta de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo para la instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Legarda ha señalado que el Grupo Vasco apoya la iniciativa pero ha matizado que “la duración de la instrucción no puede ser ilimitada”.

Tal y como ha explicado, “una pena de banquillo sine die supondría una vulneración del principio de seguridad jurídica, del derecho fundamental a un proceso sin dilación y una quiebra de las garantías procesales y de derechos fundamentales de las partes recogidas en el Convenio Europeo de Derechos humanos”. Así, Legarda ha apostado por buscar “un punto de equilibrio entre una instrucción de duración ilimitada y unos plazos que no se puedan cumplir”.

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