Los grupos parlamentarios de EAJ-PNV y PSE-EE han registrado este miércoles la Proposición de Ley sobre los y las profesionales del deporte que aportará un marco de regulación propio a varias profesiones del deporte. La carencia de esa regulación, como ha reconocido la parlamentaria jeltzale Rakel Molina, ha generado algunos déficits que afectan a la calidad y a la seguridad de los servicios deportivos, facilitando entre otras cosas, que personas ajenas a la actividad física y sin titulación desarrollen su trabajo en este campo. “En muchos casos, son trabajadores y trabajadoras que no poseen una formación suficiente y su labor puede entrañar algún riesgo para la salud de las personas que están bajo su dirección. Esta ley precisamente busca que la práctica deportiva se realice en las mejoras condiciones, sin amenazas para la salud y la seguridad de las personas”, ha señalado Molina.

En ese sentido, la representante jeltzale considera que con la aprobación de esta ley se dará un paso muy importante en la profesionalización del sector; y por lo tanto, en la mejora de la calidad y seguridad de los servicios prestados. “Se controlará el intrusismo y se asegurará a los y las usuarias que están en manos de personas profesionales y cualificadas. En Euskadi tenemos 20.000 profesionales ejerciendo sin regulación. Era clave y urgente dotarles de un marco normativo y ofrecer garantías a las personas que realizan cualquier tipo de actividad física. Deporte sí, pero con personal cualificado", ha dicho.

La Proposición de Ley registrada recoge gran parte del trabajo realizado en la pasada legislatura. Así, la futura ley regulará los aspectos fundamentales del ejercicio de algunas profesiones propias del ámbito deportivo, en concreto, las de Profesor o profesora de Educación Física; Monitor o monitora deportiva; Entrenador o entrenadora de la modalidad o disciplina correspondiente; y Director o directora  deportiva. En todas ellas se detalla cuáles son las profesiones y cualificaciones necesarias para el ejercicio de las mismas. “No estamos hablando de que se vaya a exigir la posesión de un título de educación superior, pero sí las correspondientes cualificaciones profesionales”, ha destacado Molina.

Molina ha recordado también que la aplicación de esta normativa no será “traumática” y no tendrá efectos inmediatos en todas aquellas personas que en el momento de su entrada en vigor no posean la cualificación requerida. “Hay previstos mecanismos para que tengan tiempo suficiente para poder adaptarse a la nueva legislación. Su aplicación será progresiva contemplando un período de adaptación”, ha matizado la representante jeltzale.