Sala de Prensa
02/11/2026
EAJ-PNV Amurrio exige a la SEPI que deje de ser un obstáculo para la continuidad de Tubos Reunidos y la protección del empleo
La formación jeltzale reclama al Gobierno español una actuación decisiva que permita cerrar la venta de las unidades productivas sin trasladar al nuevo proyecto industrial la deuda de la compañía
EAJ-PNV Amurrio exige a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno español que asuman una responsabilidad activa y decisiva en el proceso de venta de las unidades productivas de Tubos Reunidos. "Es prioritario garantizar la continuidad de las plantas, preservar su capacidad industrial y proteger el mayor número posible de empleos", afirman desde la formación jeltzale.
Tubos Reunidos forma parte de la historia industrial de Amurrio y de Aiaraldea desde hace generaciones. De la continuidad de sus instalaciones dependen más de mil empleos directos, además de una amplia red de empresas auxiliares y una capacidad productiva difícilmente sustituible. Su desaparición tendría consecuencias industriales, económicas y sociales de enorme alcance para la comarca. En julio de 2021, la SEPI concedió a la compañía un préstamo participativo de 112,8 millones de euros, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, por su relevancia industrial. Actualmente, la deuda reclamada, incluidos los intereses, ronda los 150 millones de euros.
La guerra arancelaria impulsada en 2025 por la Administración de Donald Trump agravó la situación de la empresa. Estados Unidos representaba cerca del 50 % de las ventas del grupo y la subida de los aranceles al acero hasta el 50 % alteró de forma drástica su acceso a ese mercado. No obstante, desde EAJ-PNV Amurrio consideran que el contexto internacional no puede explicar por sí solo la situación actual.
La dirección de la compañía también tiene una responsabilidad directa en el deterioro económico acumulado, con una deuda cercana a los 300 millones de euros, el incumplimiento de los objetivos de su propio plan estratégico y unas pérdidas que se triplicaron durante el primer semestre de 2026. "La plantilla no es responsable de esta situación y no puede convertirse en quien pague sus consecuencias. Las decisiones que se adopten en el actual proceso concursal deben poner en el centro la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo", manifiestan desde EAJ-PNV Amurrio.
La deuda de la SEPI no puede bloquear la llegada de nuevos operadores
Tras la declaración del concurso de acreedores en 2026, la sociedad matriz ha solicitado la apertura de la fase de liquidación, mientras continúa el proceso de venta de las unidades productivas. Desde EAJ-PNV Amurrio recuerdan que la legislación concursal permite transmitir estas unidades a nuevos operadores y que el artículo 224 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece, con determinadas excepciones, que quienes las adquieren no asumen las deudas anteriores de la sociedad concursada.
En este escenario, los cinco ofertantes seleccionados no están solicitando que se condone la deuda de la SEPI, sino que esta no se traslade a las unidades productivas que puedan adquirir. Una posición que comparte la administración concursal. La SEPI, sin embargo, mantiene su pretensión de que el crédito sea asumido por los compradores. "Esta exigencia puede convertirse en un obstáculo insalvable para cerrar ofertas industriales solventes. Reconocemos la obligación de la SEPI de proteger el interés público y cumplir la normativa europea, pero debe identificar con precisión los posibles impedimentos legales, explorar todas las alternativas admisibles y plantear una solución concreta y motivada", sostienen desde EAJ-PNV Amurrio.
La flexibilidad en los plazos y los intereses anunciada hasta ahora no resulta suficiente si no permite alcanzar acuerdos con los potenciales compradores y cerrar ofertas que garanticen el futuro de las instalaciones. Por ello, EAJ-PNV reclama a la SEPI que retire su pretensión de trasladar el crédito, de aproximadamente 150 millones de euros, a las unidades productivas o a sus futuros adquirentes, y que su tratamiento se resuelva dentro del concurso frente a la sociedad concursada, conforme a la legislación vigente.
Asimismo, la formación jeltzale exige que la SEPI negocie de buena fe con la administración concursal y los ofertantes todas las vías que permita la normativa española y europea para abordar el tratamiento de su crédito, incluida su reestructuración y, si fuera legalmente admisible, una quita total o parcial. En ningún caso, consideran, el tratamiento de esta deuda debe convertirse en una condición que haga inviable una oferta industrial solvente.
Una mesa técnica y una propuesta concreta antes de que venza el plazo de las ofertas
EAJ-PNV Amurrio reclama también que la SEPI designe interlocutores con capacidad de decisión y constituya de forma inmediata una mesa técnica con la administración concursal y los potenciales compradores, antes de que venza el plazo para presentar ofertas vinculantes. La formación exige que este espacio de negociación se traduzca en una propuesta escrita y motivada que detalle las alternativas disponibles, sus límites legales y los plazos para resolverlas. "Es necesario pasar de las declaraciones a los compromisos concretos. No basta con anunciar flexibilidad en los plazos y los intereses si los potenciales compradores no están en disposición de presentar ofertas finales", señalan desde EAJ-PNV Amurrio.
Por último, la formación jeltzale reivindica que, dentro de los criterios legales de adjudicación, se prioricen las soluciones que permitan mantener operativas las unidades productivas y sus vínculos tecnológicos y comerciales, especialmente en Amurrio, Nanclares de la Oca y Trapagaran. Estas soluciones deberán incorporar compromisos verificables de inversión, actividad y empleo, así como garantizar la participación de la representación de las personas trabajadoras.
"El futuro de Tubos Reunidos no puede quedar condicionado por una exigencia sobre la deuda que impida la llegada de nuevos operadores. La SEPI fue parte de la respuesta pública cuando la compañía fue considerada estratégica y debe contribuir ahora a encontrar una salida que permita preservar la actividad industrial y el empleo. El objetivo debe ser claro: que Tubos Reunidos tenga futuro y que Amurrio y Aiaraldea no pierdan una parte fundamental de su tejido industrial", concluyen desde EAJ-PNV Amurrio.
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