El Grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado una moción al Pleno del próximo viernes donde se reclama al Gobierno Vasco que paralice la venta a un inversor privado de casi 3.000 viviendas de promoción pública y mantenga la gestión y control de este patrimonio. Esta operación privatizadora supondría, según advierte del Grupo Nacionalista, un grave perjuicio económico para el interés general, un incumplimiento de la normativa vigente y una grave amenaza para la continuidad de las políticas de vivienda de promoción pública. El portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, ha señalado que Vitoria-Gasteiz sería la ciudad más afectada por esta venta de recursos públicos al ubicarse aquí más de la mitad de los pisos incluidos en la operación, concretamente 1.563.

“Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no podemos consentir una operación que sólo pretende conseguir dinero fácil mediante la desaparición de un importante patrimonio público y supone un grave golpe a los intereses de la ciudadanía. Con lo que plantea el gobierno de Patxi López se destruye un esfuerzo desarrollado durante muchos años en este municipio con el apoyo unánime de todos los partidos y se deja en manos de un promotor privado una política fundamental para evitar desigualdades en el acceso a la vivienda”, ha afirmado Gorka Urtaran.

Según la tasación económica utilizada por el Gobierno Vasco, la venta de viviendas permitirá ingresar ahora 322 millones de euros, pero supondrá un pago a lo largo de 20 años de 430 millones en concepto de arriendo de esos mismos pisos. “Además de perder una propiedad pública que ha costado mucho conseguir, la ciudadanía vitoriana va a pagar la ineficacia en la gestión económica de Patxi López, ineficacia que ha llevado a malvender un importante patrimonio para tapar el agujero que en muy poco tiempo ha generado en las arcas públicas”, explica Gorka Urtaran.

El portavoz del PNV ha llamado la atención sobre las dudas legales que genera la operación de venta de viviendas propuesta por el Gobierno Vasco. Concretamente, esta propuesta de privatización incumple normativas como la legislación de Viviendas de Protección Oficial (en sus artículos referentes al establecimiento de precios y la calificación jurídica), la Ley de Suelo y Urbanismo (en lo tocante al régimen de patrimonios públicos y calificación urbanística) y la Ley de Patrimonio de Euskadi (en lo relativo al procedimiento de adjudicación). “En estas condiciones de inseguridad jurídica, es una absoluta temeridad impulsar una privatización de estas características”, recalca Urtaran.

Del mismo modo, el portavoz el Grupo Nacionalista ha destacado el grave efecto que la operación propuesta por el Gobierno Vasco puede tener sobre el mercado de vivienda en alquiler de Vitoria-Gasteiz. “Hay que recordar que lo que se está planteando desde el Ejecutivo autónomo es la venta de viviendas protegidas a un inversor privado para, posteriormente, arrendárselas a un precio medio de 700 euros mensuales, es decir, a precios de mercado. A cualquier titular de una vivienda protegida que quiere ponerla en alquiler no se le permite establecer un precio así, con lo que se genera un importante agravio”, ha añadido.

“Comparado con una economía familiar, el negocio que está promoviendo el gobierno de Patxi López apoyado por el PP, sería similar a vender una vivienda heredada de nuestros padres, destinar el dinero de la venta a otras necesidades y quedarnos en la misma como inquilinos, dejando a nuestros hijos el compromiso de pagar el alquiler en un futuro. En definitiva, se trata de un sinsentido que destruye patrimonio, compromete nuestro futuro económico y recorta el carácter social de una política pública”, ha concluido Gorka Urtaran.