Un proceso que recuerda a otros, como el sumario 18/98 (AEK) y el sumario ‘Euskaldunon Egunkaria’. Unos procesos que nunca debieron haberse iniciado e instruido por su absoluta falta de fundamentos jurídico-penales y que tuvieron, en su formación y desenvolvimiento, un claro sesgo e inspiración políticas. Unos procesos que se enmarcaron en criterios extrajurídicos, tales como el desbordamiento y expansión del concepto de pertenencia o de colaboración con organización terrorista sin base fáctica o prueba alguna. Unos procesos en que los encausados resultaban acusados de militancia o colaboración con ETA, bajo el único argumento de la vinculación de sus legales y legítimas actividades culturales, periodísticas o políticas a las órdenes y a las posiciones emanadas de ETA. Todo ello en un contexto político que venía presidido por la filosofía que llevó al gobierno del PP, con la colaboración del PSOE, a articular la Ley de Partidos y los subsiguientes procesos de ilegalización.

La historia, años después, se repite. Y, además, el juicio se va a desarrollar en un contexto absolutamente distinto, en el cual, pese a las dificultades y complejidad, el proceso de paz y normalización está asumido por todas las organizaciones políticas y sociales de Euskadi.

Estas razones determinan que el inicio de este proceso judicial sea un factor regresivo, un elemento perturbador en estos momentos en los que la sociedad vasca camina en la senda de la normalización política. Ello, con independencia de la total falta de fundamento de las imputaciones penales, como así se acredita en el manifiesto que círculos de letrados han suscrito al respecto.

Por ello, considerando que el juicio del sumario 35/02 resulta carente de la más mínima y elemental base jurídica, EAJ-PNV expresa su absoluto rechazo al mismo. Una causa que nunca debió iniciarse o, en su caso, debió sobreseerse y archivarse el procedimiento. Un proceso que debe culminar inmediatamente con la declaración judicial de absolución de todos los encausados. Esta decisión judicial no solamente ayudará a la recuperación de la autoridad y a la reintegración del prestigio de la justicia penal sino que, adicionalmente, coadyuvará al avance del proceso de paz y de normalización política de Euskadi.