EAJ-PNV cree que el alcalde de Vitoria-Gasteiz no está haciendo todo lo que está en su mano para adelantarse y prever las consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Por ello, el primer grupo de la oposición municipal presentará en el Pleno de mañana una moción en la que propone la creación de un grupo de trabajo que consensúe las medidas posibles de cara a minimizar con cierta antelación los perjuicios que conlleva esta normativa para los ayuntamientos.

El pasado 31 de diciembre de 2013 entró en vigor la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aunque la ley contempla la excepcionalidad foral que permite crear un ámbito municipal vasco, el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, solicitó al interventor general un informe sobre esta cuestión dado que hay preceptos de la ley que tendrán consecuencias directas para el Ayuntamiento. EAJ-PNV estaba preocupado por el impacto puesto que conlleva cambios significativos en el funcionamiento del Consistorio y en los servicios que presta a la ciudadanía, A la vista de la valoración técnica del alto funcionario municipal y de que aún se cuenta con al menos dos meses de plazo hasta conocer cuál es la situación económica del Ayuntamiento -y, por tanto, cómo afectará a la capital alavesa-, EAJ-PNV cree que “no nos podemos quedar de brazos cruzados”.

Por ello, la moción que mañana defenderá Borja Belandia solicita a las instituciones vascas la creación, de manera coordinada, de los instrumentos que defiendan un ámbito de administración local propio, basado en nuestra peculiaridad foral. Pedirá, además, la puesta en marcha de un grupo compuesto por representantes de los partidos políticos y de funcionarios de los departamentos municipales de Hacienda, Función Pública, Asesoría Jurídica, Intervención y Secretaría General y presidido por el alcalde o concejal en quien delegue. Además, platea que se dé cuenta de la actividad del grupo en el Pleno cada seis meses.

Las consecuencias de los cambios que se están produciendo en el marco jurídico aplicable a la Administración local se extienden desde el marco competencial hasta la situación de las y los concejales y personal adjunto. “La clave sobre la incidencia mayor o menor de todas esas modificaciones reside en la situación económica de cada institución. Además, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el grado del impacto está pendiente de decisiones que tomen  las Diputaciones forales y el Gobierno Vasco. En cualquier caso, se producirán unas afecciones que hay que prever e intentar atajar en sus aspectos más negativos”, ha explicado Belandia.

El propio interventor municipal señala en el informe elaborado a petición de EAJ-PNV que “dado el escaso tiempo que lleva en vigor la ley, hay muchas dudas sobre la forma de materializar varios de sus aspectos que requerirán la fijación de unos criterios o directrices que aclaren su correcta aplicación”. Por ello, cree que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Diputaciones forales irán fijando pautas y criterios para aclarar las dudas de interpretación que se plantean. Por todo ello y según advierte el interventor, “lo fundamental es establecer claramente qué se entiende por situación de desequilibrio financiero”. Añade así mismo que “hasta que no se apruebe la liquidación del Presupuesto municipal de 2013 y no se formulen las cuentas anuales de las sociedades (fecha límite 31 de marzo), no sabremos con seguridad el cumplimiento o no de la estabilidad presupuestaria”.

Todos estos factores constatan la importancia de actuar con agilidad y  analizar la situación de cada administración (incluidas sus sociedades anónimas y organismos autónomos). “Debemos tener presente que la finalidad perseguida con esta ley para el redimensionamiento del sector público local es exigir el saneamiento de las administraciones que se encuentren en situación de desequilibrio financiero y, en caso de no ser posible, proceder a su disolución. Por tanto, no es un tema menor”, ha concluido el edil de EAJ-PNV.