El lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que “estamos ante una oportunidad histórica ”para asentar la paz y dar pasos hacia la convivencia y pide una política de estado para lograrlo. Urkullu ha explicado que lo que plantea no es otorgar ninguna contraprestación o compensación a ETA, sino llevar a cabo una “política de paz por paz y para la convivencia”. Para ello, el Lehendakari ha pedido un acuerdo entre el Gobierno Vasco y español para lograr un final ordenado de ETA, que termine con un desarme “total, ordenado y verificable” y que vaya acompañado por el reconocimiento del daño injusto causado hasta su disolución.

El lehendakari Urkullu ha sido entrevistado esta mañana en el programa “Hoy por Hoy” de la cadena Ser. El lehendakari Urkullu ha sido entrevistado esta mañana en el programa “Hoy por Hoy” de la cadena Ser. Urkullu ha puesto en valor el paso dado el pasado veintiuno de febrero por ETA, un “gesto inédito”. “Nunca en 50 años eta se había dado un paso de entrega voluntaria de una parte del arsenal”, ha explicado. A pesar de este avance, el Lehendakari ha insistido en que es “un pequeño paso, insuficiente, que tiene que venir acompañado de más hasta el desarme total”. En cuanto a las reacciones que ha suscitado el anuncio de la banda terrorista, Urkullu cree que “hay diferencias” en las respuestas y cree que la del presidente Rajoy ha sido “mucho más medida”. Algo que cree que puede servir para trabajar conjuntamente entre ambos Ejecutivos.

Trabajar juntos e incluso dialogar con ETA “si es a para la paz y la convivencia”. El Lehendakari se ha mostrado a favor de esta posibilidad porque “si todos los gobiernos democráticos han mantenido dialogo directo o indirecto con ETA” mientras mataba, “¿por qué ahora en 2014 con una voluntad manifestada de ETA de desandar un camino equivocado, no es posible?”

La Agencia de calificación Moody's ha elevado la calificación de la Comunidad Autónoma Vasca debido al régimen fiscal, entre otras cuestiones. El Lehendakari ha explicado que la gestión de la fiscalidad está “basado en los derechos históricos recogidos y amparados en la Constitución española”. Un modelo basado también en la “asunción de un riesgo” de recaudación de impuestos, de gestión y de tener que pagar un cupo por las competencias que ejerce el estado en la Comunidad Autónoma del País vasco.