EAJ-PNV considera que el ex alcalde Alfonso Alonso y el actual regidor  Javier Maroto son los responsables políticos directos del alquiler del local de la calle San Antonio, que tan nefastas consecuencias ha tenido para las arcas municipales. “El arrendamiento no era necesario ni urgente, el precio desorbitado y contrario al interés general de la ciudad y el contrato nunca debería haberse adjudicado a dedo”, sostiene el portavoz municipal, Gorka Urtaran.

La concejala Blanca Guinea, acompañada del portavoz, ha dado a conocer un resumen de las conclusiones que ha elaborado el Grupo Nacionalista tras participar en la ronda de comparecencias que se han producido en el seno de la comisión de investigación sobre el contrato de alquiler del local de San Antonio, 10. A lo largo de casi 30 folios, el primer grupo de la oposición municipal relata cómo sucedieron los hechos y extrae una serie de conclusiones.

“A nuestro juicio, resulta evidente que la firma del contrato no se basó en la necesidad ni la urgencia por parte del Ayuntamiento de disponer de un nuevo  local para ubicar servicios municipales, y menos a seis meses del final de aquella legislatura. Además, el procedimiento adecuado para el alquiler habría sido la libre concurrencia, nunca una adjudicación directa a un propietario determinado”, ha manifestado Blanca Guinea. Oídas todas las versiones de quienes han aceptado comparecer en la comisión, la edil ha confirmado que el Partido Popular -entonces como ahora al frente del Ayuntamiento- promovió y firmó el contrato por una duración de veinte años por un importe -a sabiendas- muy superior al de mercado y al que recomendaba el técnico municipal de valoraciones. Además, su actualización anual, muy elevada, no se basó en criterios objetivos. Los hechos son considerados de gravedad y la responsabilidad última y directa recae sobre los alcaldes de entonces y ahora (que en aquel momento era concejal de Hacienda).

Urtaran y Guinea han recordado que fue Alfonso Alonso quien dio la instrucción al director de Hacienda, Iñaki Díez Unzueta, de localizar locales en el centro de la ciudad para ampliar la red de oficinas municipales. Según las declaraciones del técnico, él fue dando información continua y directa tanto a Alonso como a Maroto. “La singularidad de este contrato -por su cuantía y sus condiciones- hace altamente improbable y difícilmente creíble que no informara de todo ello y al detalle a sus superiores, como ellos quieren hacer ver”, han manifestado.

El líder de la oposición municipal ha añadido que “los señores Alonso y Maroto descargan su responsabilidad en la parte técnica, en la que confían plenamente, pero ello no les exime de su total responsabilidad en la firma de este contrato porque, como bien indicó el ex alcalde en su declaración por escrito, los técnicos municipales no tienen competencia para alcanzar acuerdos, sino que realizan propuestas que requieren el refrendo del órgano competente, en este caso la junta de gobierno local”. A su juicio, Alfonso Alonso es el responsable último como alcalde y como persona que firma el contrato del alquiler, mientras que Javier Maroto también tiene responsabilidad directa porque, como concejal de Hacienda, fue el encargado de trasladar el expediente a la junta de gobierno y quien tuvo que dar las oportunas explicaciones para su aprobación”.

Tampoco están de acuerdo los nacionalistas en que las obras de adecuación del local fuesen realizadas por el propietario y que su coste se cobrase al Ayuntamiento a plazos aplicando un interés. Si el Consistorio se hubiese encargado de las mismas, se habría logrado un ahorro, tanto por las rebajas que se consiguen en los concursos públicos, como porque se habría ahorrado el abono de intereses.

Urtaran ha concluido diciendo que EAJ-PNV no descarta ninguna vía para esclarecer las responsabilidades políticas de este contrato y que será muy escrupuloso en la defensa del interés general.