EAJ-PNV ha exigido al alcalde que abra sendos expedientes para depurar las responsabilidades por irregularidades que se están produciendo en las obras de la estación de autobuses y el centro cívico de Salburua y aplique, en su caso, las sanciones económicas correspondientes. “Maroto tiene que dejar de mirar para otro lado. Lamentablemente nos tiene acostumbrados a aplicar dos varas de medir: con los débiles es muy fuerte y exigente, y con los fuertes se muestra débil y lanza balones fuera constantemente. Como ese comportamiento resulta inadmisible, le pedimos que asuma su responsabilidad y actúe como un verdadero alcalde, sin esconderse ante los problemas”, ha declarado el líder de la oposición municipal.

EAJ-PNV ha pedido la comparecencia del alcalde para éste dé explicaciones sobre las denuncias de irregularidades de todo tipo que se están produciendo en las últimas semanas en las grandes obras en marcha en la ciudad: oficinas municipales de San Martín, estación de autobuses y centro cívico de Salburua.

En lo relativo a las condiciones laborales, Urtaran se ha referido a las denuncias sindicales de jornadas laborales de más de 11 horas diarias, sueldos de miseria y pésimas condiciones de alojamiento. Además, ha aportado como novedad que también en la estación de autobuses se han producido infracciones en materia laboral.

En los pliegos de condiciones para adjudicar las obras del centro cívico y la estación se establecen de forma clara las penalizaciones que deberán aplicarse por incumplimiento de los mismos en lo referente a las condiciones de trabajo, seguridad y salud y seguridad social. Oscilan entre el 1% y el 10% del importe de la obra, IVA incluido. “Las infracciones en materia laboral, bien por parte de la UTE contratista o de las subcontratistas, son claras, siendo la primera quien debe asumir la responsabilidad ante la Administración”.

“Al margen de que sea la Inspección de Trabajo quien controle las condiciones laborales, el alcalde tiene la obligación de garantizar un empleo digno y en condiciones porque las normas están para cumplirlas por todos sin excepción”. Por ello, Urtaran ha preguntado a Maroto qué piensa hacer y qué penalizaciones va a aplicar. A su juicio, lo primero que debe hacer el alcalde es abrir un expediente en relación con cada una de las obras en las que hay denuncias de irregularidades. Para ello, sería de utilidad que contactase con el Ministerio Fiscal y la Inspección de Trabajo y que, en base a la información que le faciliten, aplique las sanciones correspondientes a las empresas adjudicatarias. Las multas serían consecuencia del retraso en el contrato inicial de la estación de autobuses y de las irregularidades en las condiciones laborales. “El alcalde no puede inhibirse ante los retrasos, las denuncias de explotación laboral y las condiciones abusivas e ilegales que las grandes contratistas están aplicando a pequeñas empresas locales”, ha remarcado.  

Las contratistas de las obras están obligadas por ley a detallar por anticipado y por escrito la identidad de las subcontratistas que van a realizar parte de los trabajos, su labor concreta y el importe. En esta materia también se han producido incumplimientos y solo se ha conseguido parte de esa información por la insistencia de EAJ-PNV. Gorka Urtaran también ha detectado irregularidades en el plazo de pago a las subcontratas. Aunque el máximo debería ser de 60 días, este Grupo Municipal tiene acreditados casos de hasta 180 días de lapso en el abono a las subcontratistas.

El portavoz nacionalista se ha referido así mismo a la aplicación de cláusulas sociales en la construcción del centro cívico de Salburua. En este caso consisten en que el 20% de los trabajadores deben ser desempleados con especiales dificultades de inserción laboral (entre ellos jóvenes, mujeres y mayores de 50 años), y por la información de que dispone EAJ-PNV, no se está controlando su cumplimiento.

Por último, Urtaran ha mencionado el plazo de ejecución de las obras en la estación. Las 80 semanas fijadas en el contrato concluyeron el pasado día 2. “En esa fecha quedaba pendiente al menos una cuarta parte de la obra, excluyendo el acondicionamiento del entorno, que se ha modificado. Ya solo la colocación de la techumbre del edificio va a tener un retraso de un mes puesto que está previsto que concluya a principios de julio. Ese retraso supondría, al menos, una penalización de 184.156 euros. El Partido Popular, lejos de aplicar la sanción, se ha buscado un socio en Bildu para aumentar el plazo de la obra cuatro meses con la excusa de mejorar el entorno. Reclamamos al equipo de gobierno mayor rigor, que sea exigente en los plazos y que, en los casos de retrasos contrastados e incumplimiento de la normativa, se materialicen las sanciones”.