La propuesta que el Partido Popular, de la mano de Javier Maroto, va a llevar al Parlamento Vasco para intentar modificar los criterios que permiten el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) impediría acceder al sistema de ayudas a un mínimo de 33.000 gasteiztarras. “De llevarse adelante ese planteamiento, el alcalde les convertiría directamente en ciudadanos de segunda  porque no tendrían derecho a percibir esa renta que permite vivir con un mínimo de dignidad. Lo único que persiguen las siete medidas del PP es recortar los derechos de las personas -tanto extranjeras como autóctonas- y establecer categorías entre la ciudadanía que puede acceder a las ayudas y la que no”, ha manifestado Gorka Urtaran, portavoz de EAJ-PNV en el Ayuntamiento.

Urtaran ha expresado su preocupación por que posturas como la del alcalde-parlamentario Maroto “implican un enorme riesgo de fractura social”, además de ser un intento de romper el estado de bienestar y el consenso alcanzado en Euskadi en torno a los servicios sociales. “Ninguna de las medidas planteadas por el PP persigue la lucha contra las trampas o los abusos que puedan producirse, sino dejar fuera del sistema de ayudas a miles de personas. Primero arremetió contra los marroquíes y argelinos, luego contra los extranjeros en general y ahora también contra los españoles que no cumplen las condiciones que él pretende fijar de forma arbitraria e injusta”, ha añadido el líder de la oposición municipal.

Urtaran acusa a Maroto de usar datos parciales para confundir a la ciudadanía, manipular sus sentimientos y engañar con un objetivo meramente electoral. “El alcalde sabe que buena parte de las medidas que está exigiendo ya se llevan a la práctica. Es el caso de eliminar la RGI a personas condenadas durante el tiempo que dure la misma o la prohibición de enviar remesas de dinero al extranjero. El es perfectamente conocedor también de que los perceptores de la ayuda pueden disponer de una vivienda, un garaje y un local para trabajar en propiedad y que, además, puede tener alguna otra propiedad siempre que su valor catastral sea inferior al importe anual de lo que percibe como RGI. Por eso, decimos que manipula y confunde”, ha añadido.

Entre las medidas del Partido Popular, hay algunas especialmente sangrantes. Por ejemplo, las relativas a los diez años de empadronamiento y la obligación de haber trabajado con anterioridad. “Ello supone dejar fuera,  en caso de necesitar una ayuda pública para subsistir, no solo a los extranjeros en situación regular o irregular, sino también a los andaluces, madrileños, extremeños, gallegos, asturianos,… que llevan menos de diez años viviendo con nosotros y quieren trabajar, pero no encuentran una oportunidad”. En estos momentos, unos 31.000 vitorianos llevan menos de diez años residiendo aquí (10.000 españoles y 21.000 extranjeros). Así mismo, también se les negarían las ayudas en caso de necesitarlas a quienes no tengan vida laboral, lo mismo jóvenes que finalizados sus estudios todavía no han podido acceder al primer empleo (2.070 estaban en agosto a la búsqueda de ese trabajo) que, por ejemplo, amas de casa con hijos a cargo que nunca han cotizado por un trabajo y se separen de sus maridos o sean víctimas de violencia machista”, ha detallado.

Gorka Urtaran ha pedido al alcalde que recapacite porque él y su partido están creando un caldo de cultivo muy peligroso, que ha empezado a dar muestras de sus riesgos en Vitoria. “Ya hemos podido ver pintadas con insultos racistas y estamos conociendo a través de los medios de comunicación casos de personas que han empezado a experimentar el rechazo del vecindario. Después de crear el problema, Maroto se ha negado incluso a lanzar un mensaje de calma para evitar situaciones conflictivas y discriminatorias”. Por ello, el portavoz del PNV ha planteado a Maroto la necesidad de firmar un Pacto por la cohesión social, que apueste por la igualdad de obligaciones y derechos y permita seguir siendo la sociedad cohesionada que hasta ahora hemos sido, fruto del trabajo de muchas personas durante muchos años.

Por último, el edil nacionalista ha puesto el énfasis en que “es a nivel local donde se juega el futuro de la convivencia, el futuro de las políticas de integración. Y por eso creo firmemente que los políticos locales debemos ser conscientes del importante papel que juegan nuestros municipios y la necesidad de defender desde lo local un discurso alejado del populismo y oportunismo irresponsable y centrado en la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos. Garanticemos desde lo local el derecho humano fundamental que tenemos todas las personas a ser iguales en dignidad y derechos”.