“Miremos a donde miremos, lo que al final hemos encontrado es la firma de un miembro del equipo de gobierno que ha tomado decisiones muy concretas a sabiendas de que lo hacía contra la normativa urbanística, contra la voluntad de la Corporación, contra el interés público y en beneficio de una empresa”, ha afirmado el portavoz nacionalista, Mikel Martinez.

Para Mikel Martinez todas estas consideraciones justifican sobradamente la intervención de la justicia y por ello propone que se traslade a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava el documento de conclusiones definitivas que se espera aprobar en Pleno el próximo 20 de abril.