EAJ-PNV propondrá en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicite el amparo de la Comisión Europea ante una posible reapertura de la central nuclear de Garoña. Con esta propuesta, el Grupo Nacionalista quiere que los organismos comunitarios encargados de la política energética y la seguridad nuclear supervisen el proceso de concesión de licencia de apertura a la central burgalesa.

“Reabrir Garoña es una amenaza para Araba, Euskadi y Europa. Las instituciones comunitarias tienen que intervenir ante este riesgo asegurando el cumplimiento de todas las exigencias de seguridad impuestas tras el accidente de Fukushima y sometiendo las instalaciones a las pruebas de resistencia necesarias. Tiene que ser Europa la que intervenga porque no se puede esperar nada del Gobierno español del PP, que ha cambiado las leyes sobre impuestos a los residuos radiactivos simplemente para facilitar la reapertura de la central”, ha señalado el portavoz nacionalista en Medio Ambiente, Álvaro Iturritxa.

Paralelamente, el Grupo Nacionalista plantea que Vitoria-Gasteiz solicite al Gobierno del Estado la modificación de la composición del Consejo de Seguridad Nuclear para evitar injerencias de carácter político. “Proponemos que este Consejo se forme con profesionales expertos en la materia, con experiencia acreditada, sin vínculo con las empresas energéticas y sin militancia en partidos políticos. Es el mejor modo de evitar que el máximo órgano autorizador y supervisor de las instalaciones nucleares pueda actuar con total independencia. Una institución que tiene la última palabra sobre el futuro de Garoña tiene que mantenerse totalmente al margen de cualquier presión externa sobre sus decisiones y actualmente no tenemos todas las garantías de que esto sea posible”, constata Álvaro Iturritxa.

En su moción sobre la amenaza de reapertura de la central de Garoña, que el Pleno debatirá el próximo 30 de mayo, el Grupo Nacionalista aboga también por que el Ayuntamiento se sume al recurso presentado por las Juntas Generales de Araba, admitido a trámite por el Tribunal Supremo, para defender los intereses y la seguridad de la sociedad alavesa y de nuestro entorno.