Gorka Urtaran considera grave que el Tribunal de Cuentas del Estado extienda la depuración de responsabilidades en el alquiler de las oficinas de San Antonio a todo el equipo de gobierno del PP que tomó la decisión de adjudicar ese contrato. Igualmente cree “muy serio que el Tribunal haya dado al alcalde un plazo de quince días para enviar información muy abundante y detallada relacionada con este caso y nos hace pensar que ve indicios de posibles irregularidades”.

El Partido Nacionalista Vasco impulsó el pasado 10 de abril, mediante un acuerdo plenario, el traslado de la documentación relativa al contrato de alquiler de las oficinas de San Antonio al Tribunal de Cuentas del Estado, organismo capacitado para dilucidar las responsabilidades contables que pudieran existir. No obstante, Javier Maroto retrasó hasta el 3 de junio el envío del expediente al Tribunal pese a las reiteradas peticiones de este Grupo Municipal. En la actualidad, se ha superado la fase de Diligencias Preliminares y el expediente se encuentra en la segunda, la de Actuaciones Previas. Además, se ha nombrado a una delegada instructora que se encarga de investigar el caso.

En este momento, con fecha del pasado día 14, el Tribunal de Cuentas ha pedido  una pormenorizada documentación autenticada de los aspectos que conviene aclarar. Así, por ejemplo, quiere saber cómo se acordó el arrendamiento, los pasos previos a su aprobación por la junta de gobierno, el contrato suscrito, las modificaciones del mismo, los pagos realizados (con detalle desglosado de los informes), los informes que sustentan las decisiones políticas tomadas (por ejemplo, que se aprobase un alquiler superior al fijado por la técnico de valoraciones), etc.

En esa solicitud, la instructora reclama la identificación de las personas que votaron en la junta de gobierno en la que se tomó la decisión y el sentido de su voto. “Resulta llamativo que la depuración de responsabilidades contables se extiende, más allá de Alfonso Alonso y Javier Maroto, a todo el equipo de concejales y concejalas del Partido Popular que formaban parte de aquella Junta de gobierno local en 2007. Ya no estamos hablando solo del alcalde y el ex alcalde, sino que está bajo sospecha el Partido Popular de Vitoria. Ello otorga mayor gravedad aún, si cabe, a este asunto”, ha valorado el líder de la oposición municipal.

“Y en plena polémica por la recogida de firmas promovida por el alcalde del PP para recortar el estado de bienestar, sugerimos a Maroto que aproveche esa recogida para conocer la opinión de las y los gasteiztarras sobre la gestión de este alquiler. Eso sí que indigna a la ciudadanía, que Maroto nos hiciera pagar 6 millones de euros por el alquiler de unos locales, cuyo precio de compra era de 2,6 millones”, ha concluido Gorka Urtaran.