El Grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acusado al equipo de gobierno dejar a 27 trabajadores y trabajadoras municipales en la calle al cerrar la oficina de gestión de ayudas de la calle San Antonio sin ofrecerles ningún destino alternativo. De este modo, se incumple lo anunciado por la concejala delegada en la comisión de Políticas Sociales del pasado martes, donde afirmó que el personal afectado por el desmantelamiento de esta oficina pasaría a reforzar la dotación de los Servicios Sociales de Base. Los y las afectadas por este cierre no han recibido ningún tipo de información sobre su situación y se han enterado de la clausura del lugar donde trabajan a través de a una iniciativa del Grupo Nacionalista.

“Mientras en una comisión municipal el PP nos garantizaba que iba a mantener los puestos de trabajo, en otro despacho se estaban firmando casi treinta cartas de despido. Esto es un hecho doblemente grave porque inaugura un modo de gobernar basado en el despido sin alternativas y representa un salto cualitativo a la hora de ocultar información a la Corporación municipal”, ha señalado la portavoz nacionalista en Asuntos Sociales, Nerea Melgosa.

No es la primera vez que desde el equipo de gobierno se garantiza que el personal de la oficina de prestaciones sería reasignado a otras tareas. El pasado 11 de octubre, también a preguntas del PNV, la concejala delegada afirmó que el escenario de futuro más probable era que el personal de la oficina de San Antonio pasara a reforzar los Servicios Sociales de Base. “No se ha cumplido lo anunciado y tampoco se ha estudiado la alternativa de que estas personas desempeñaran el mismo trabajo para el Gobierno Vasco, nuevo titular de la competencia, ante los problemas que está teniendo para asumir esta gestión”, recalca Melgosa.

En este sentido, al Grupo Nacionalista le consta que Lanbide ha tenido que recurrir a una ETT para contratar el personal necesario para cubrir la tarea de tramitación de ayudas que hasta ahora realizaba el Ayuntamiento. En poco tiempo están surgiendo problemas derivados de la falta de formación específica y de los recursos necesarios para desempeñar este trabajo, lo que está originando retrasos en la atención y ha obligado al Gobierno Vasco a comprar un sistema informático sobre la marcha.

“No se puede jugar así con las personas, tanto las que trabajan en la oficina de prestaciones como las más aquejadas por la crisis. Se sabía desde hace mucho tiempo que el nuevo reparto de competencias obligaba a reorganizar el servicio de tramitación de ayudas. Sin embargo, ahora comprobamos cómo este traspaso de funciones se ha convertido en un completo desastre. No es lógico que PP y PSOE cierren en cuestión de minutos pactos para abonar a Vitoria-Gasteiz un canon de capitalidad, cuyo destino se desconoce, y no sean capaces de negociar un traspaso de la gestión de prestaciones sociales que afecta a muchas personas sin recursos y decenas de trabajadores. Tanto un partido como otro se preocupan más del anuncio populista que de la sostenibilidad social”, ha concluido Nerea Melgosa.