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Prentsa Aretoa

2014/02/25

EAJ-PNV plantea que más de 300 hectáreas de las infraestructuras verdes urbanas sean zonas rústicas protegidas para evitar futuros conflictos judiciales

Gorka Urtaran apoya la finalidad de puesta en valor y recuperación de esos espacios naturales, pero con criterios de prudencia

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ARGAZKIA JAITSI

El Grupo Municipal de EAJ-PNV plantea que más de 300 hectáreas incluidas en el Plan de Infraestructuras Verdes Urbanas sean claramente calificadas como zonas rústicas protegidas -y no urbanas ni asimilables- para evitar posibles conflictos judiciales en el futuro. El portavoz nacionalista ha dejado claro que su partido apoya la finalidad de puesta en valor y recuperación de esos espacios naturales, “pero dejando clara su tipología urbanística y aplicando criterios de prudencia porque, de lo contrario, podemos encontrarnos dentro de unos años con reclamaciones ante los tribunales y todos tenemos muy presente la mala experiencia por recientes sentencias”.

Recientemente el alcalde presentó un documento de propuesta relativo a la creación de una nueva figura urbanística en Vitoria-Gasteiz: las infraestructuras verdes urbanas. Se trata de un proyecto que permite al sistema urbano evolucionar hacia mayores cotas de sostenibilidad y favorece la construcción de una ciudad más habitable, eficiente y sostenible.

Aún estando completamente de acuerdo con esa filosofía, el primer Grupo de la oposición ve un riesgo, derivado de la delimitación de esas infraestructuras verdes urbanas. Un importante número de hectáreas de las recogidas en la propuesta del Centro de Estudios Ambientales se corresponde con suelo rústico que, de aprobarse en el documento tal y como está ahora, podría interpretarse que dota a esos terrenos agrícolas de una calificación urbana que aumentaría su precio de forma muy significativa.

“Antes de que nadie tenga la tentación de reclamar ante los tribunales una valoración así, hay que corregir ese documento previamente a su aprobación”, ha advertido. El Plan General de Ordenación Urbana da varias opciones para calificar esos terrenos rústicos en función de su nivel de protección (paisajística, forestal, de interés naturalístico,…). “Evitemos la generación de tensiones urbanísticas en suelos rústicos que ya cuentan con herramientas dentro del Plan General para su protección compatibles con su funcionalidad ambiental. Hay que diferenciar muy bien los suelos rústicos y los urbanos”, ha añadido Urtaran. “La definición de infraestructura verde urbana, y subrayo lo de urbana, da lugar a que se equipare a los sistemas generales (elementos de estructura urbana para las infraestructuras, los espacios libres, los equipamientos comunitarios, etc.). De hecho, el documento del CEA plantea la posibilidad de integrar estas áreas en la red de sistemas generales de la ciudad. Ello implicaría un cambio en la naturaleza urbanística del terreno y un considerable incremento de su valor expropiatorio o a compensar en su caso”, ha añadido.   

El líder de la oposición municipal considera que se ha llegado a esta situación de posible riesgo indemnizatorio por la descoordinación existente entre los técnicos municipales de Medio Ambiente y los de Urbanismo. “En la ponencia de revisión del Plan General venimos observando esa desconexión entre un área y otra, que, en este caso, podría ocasionar desembolsos económicos en el futuro”, ha explicado. Por ello, ha reclamado la presencia del coordinador general de Medio Ambiente en la ponencia municipal de revisión del Plan General. La coordinación es necesaria no solo para evitar sentencias desfavorables, sino también porque, tal y como recoge la Estrategia europea de infraestructuras verdes, para que éstas sean viables deben estar integradas en los procesos de planificación y ordenación del territorio.

Las zonas incluidas en el proyecto de Infraestructuras Verdes Urbanas que están en el área rural afectan al Alto de las Neveras, las graveras de Lasarte, el arboreto y el monte de Olarizu, los bosques de Armentia y Zabalgana, etc. En su conjunto y al margen de las establecidas en el ámbito urbano, suman más de 300 hectáreas. Son esas zonas precisamente las que podrían verse afectadas por una generación de expectativas y tensiones especulativas que distorsionasen su valor real.

Para concluir, Gorka Urtaran ha incidido en que EAJ-PNV considera que no debe consumirse ni un solo metro cuadrado más de suelo rústico. “Con el suelo clasificado actualmente cubrimos las necesidades de suelo urbano para las próximas décadas y no nos olvidemos de la importancia en nuestro municipio del sector agrícola, para el que el suelo rústico es un elemento estratégico. Entendemos que esto ya ha sido asumido por todos los grupos políticos en la ponencia de revisión del Plan General y, por tanto,  considerar zonas rústicas como infraestructuras verdes urbanas carece de sentido”.